Durante los últimos meses, el camarista penal Emilio Herrera Molina atravesó quizá los instantes más tensos en su carrera. Pero desde el jueves, cuando la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo suspendió el proceso que lleva adelante en su contra la comisión de Juicio Político de la Legislatura, el magistrado por fin pudo respirar, algo más aliviado.
Esa cautelar, al menos por ahora, lo mantiene a salvo de ser llevado por el comité parlamentario ante el Jury de Enjuiciamiento, órgano que resuelve si corresponde la remoción de un juez. Sin embargo, Herrera Molina no se olvida de los dos magistrados con los que compartió la sala II de la Cámara Penal durante el polémico juicio oral y público por el caso de María de los Ángeles Verón.
"Siento alivio, y que es una decisión justa. Pero, francamente, siento alivio porque creo que no merecíamos semejante trato, ni mis compañeros ni yo", comentó el vocal, ante una consulta de LA GACETA. Herrera Molina sabe, sin embargo, que aún no ha obtenido una victoria definitiva en las disputas judiciales con el Gobierno provincial. Por eso, advirtió que prefiere "esperar" el final de esta compleja trama.
Su preocupación no es caprichosa: si el contraataque del Poder Ejecutivo (PE) prospera, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) podría derribar la medida judicial que hoy lo protege. Y, si no llega a obtener la jubilación a tiempo, podría quedar expuesto a la remoción de su cargo.
En diciembre, la sala integrada por Alberto Piedrabuena, Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano absolvió a 13 acusados en la causa por la privación ilegítima de la libertad y promoción a la prostitución de Marita. Susana Trimarco, madre de joven que fue secuestrada hace una década, demandó en la Legislatura a los jueces por su presunto mal desempeño en el proceso, que llevó unos 10 meses.
Herrera Molina, de 70 años, ya había iniciado los trámites para acogerse a la jubilación. Pero el gobernador, José Alperovich, emitió un decreto en febrero rechazando ese beneficio debido al trámite que cursa el comité de Juicio Político.
El juez, representado por los letrados Roberto Toledo y Arnaldo Ahumada, se quejó por la resolución del PE. La semana que pasó, los camaristas administrativos Rodolfo Novillo (preopinante) y Ebe López Piossek (integró la sala II por la disidencia parcial que formuló el vocal Carlos Giovanniello) obligaron al mandatario a contemplar el estado de salud de Herrera Molina, quien padece una enfermedad oncológica. El PE apeló esta decisión, pero el fallo le sirvió a Herrera Molina para pedir que fuera separado -justamente por motivos de salud, entre otros- del expediente que examina la comisión de Juicio Político del parlamento. La Justicia, otra vez, favoreció al demandante. Pero aún no está cerrada una de las pugnas jurídica que desvelan al alperovichismo.
De todas maneras, y sobre todo porque busca cuidar su salud, Herrera Molina comentó que intenta estar sereno. "La sensación que tengo es de tranquilidad", concluyó, con la esperanza de no ser enjuiciado.